ARTÍCULO 1. El Emperador es el símbolo del estado y de la unidad del pueblo, y su posición dimana de la voluntad del pueblo, en quien reside el poder soberano.

ARTÍCULO 2. El Trono Imperial es de naturaleza dinástica, y la sucesión se producirá de conformidad con la Ley de la Casa Imperial promulgada por la Dieta.

ARTÍCULO 3. Todos los actos del Emperador en cuestiones de estado exigirán el asesoramiento y la aprobación del Consejo de Ministros, que será responsable de los mismos.

ARTÍCULO 4. El Emperador realizará únicamente aquellos actos en cuestiones de estado que establezca la presente Constitución, y no tendrá facultades en relación con las tareas de gobierno.

ARTÍCULO 5. Cuando, de conformidad con la Ley de la Casa Imperial, se establezca una Regencia, el regente actuará en materias de estado en nombre del emperador. En este caso, será también de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior.

ARTÍCULO 6. El emperador nombrará al Primer Ministro que haya designado la Dieta.

ARTÍCULO 7. El Emperador, con el asesoramiento y la aprobación del Consejo de Ministros, realizará, en nombre del pueblo, los siguientes actos en cuestiones de estado:

• La promulgación de enmiendas a la constitución, leyes, órdenes ministeriales y tratados.
• La convocatoria de la Dieta.
• La disolución de la Cámara de Representantes.
• La proclamación de elecciones generales a miembros de la Dieta.
• La firma del nombramiento y destitución de Ministros de estado y demás altos funcionarios que disponga la ley, y de los plenos poderes y credenciales de Embajadores y de Ministros.
• La firma de amnistías generales y particulares, de conmutación de penas, de suspensión de ejecuciones y de rehabilitación de derechos.
• La concesión de recompensas honoríficas.
• La firma de instrumentos de ratificación y demás documentos diplomáticos que dispone la ley.
• La recepción de embajadores y ministros extranjeros.
• El desempeño de funciones ceremoniales.

ARTÍCULO 9. El pueblo japonés, que aspira sinceramente a una paz internacional fundada en la justicia y el orden, renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación, y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de resolver los conflictos internacionales.

Con objeto de dar cumplimiento a los designios al párrafo anterior, la nación nunca dispondrá de fuerzas armadas terrestres, marítimas, o aéreas, ni de ningún otro tipo de potencial bélico. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado.

ARTÍCULO 10. Las condiciones necesarias para ser ciudadano japonés serán determinadas por la ley.

ARTÍCULO 11. No se podrá impedir a ninguna persona el disfrute de cualquiera de los derechos humanos fundamentales.

ARTÍCULO 12. Los derechos y libertades garantizados a las personas por la presente Constitución, permanecerán vigentes por el constante empeño de los ciudadanos, que evitarán todo abuso de tales derechos y libertades y que serán, en la medida en que no se opongan al bienestar general, la consideración suprema de la legislación y demás asuntos de gobierno.

ARTÍCULO 14. Todas las personas son iguales ante la ley y no existirán discriminaciones en las relaciones políticas, económicas o sociales por razón de raza, religión, sexo, posición social u origen familiar.

No se reconocerán los títulos de nobleza.

Ningún privilegio acompañará a las recompensas honoríficas, condecoraciones, distinciones de cualquier tipo, y ninguna de tales recompensas tendrá validez después de la vida de la persona que la ostente en la actualidad o la reciba con posterioridad.

ARTÍCULO 15. El pueblo tendrá el derecho inalienable de elegir y destituir a los titulares de las funciones y cargos públicos.

Todos los titulares de funciones y cargos públicos son servidores de la comunidad entera, y no de un grupo concreto de la misma.

Se garantiza el sufragio universal de los adultos como medio par designar las funciones y cargos públicos.

En ninguna elección podrá violarse el secreto de sufragio. Ningún votante será responsable, pública o privadamente, de la elección que haya hecho.

ARTÍCULO 16. Toda persona tendrá el derecho de solicitar pacíficamente la reparación de los daños, la destitución de los titulares en funciones y cargos públicos, la promulgación, derogación o modificación de leyes, ordenanzas o reglamentos, así como otras cuestiones; y ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por patrocinar o secundar tal tipo de petición.

ARTÍCULO 17. Toda persona podrá pedir ante los tribunales la indemnización a cargo del Estado o cualquier otra entidad pública, en los términos previstos por la ley, por los prejuicios que se le hayan seguido de actos ilegales de cualquier titular de una función o cargo público.

ARTÍCULO 18. Nadie podrá sufrir esclavitud de ningún tipo. Queda prohibida la servidumbre involuntaria, salvo como pena por delito.

ARTÍCULO 19. La libertad de pensamiento y conciencia serán inviolables.

ARTÍCULO 20. Se garantiza a todas las personas la libertad de religión. Ninguna organización religiosa recibirá privilegios del Estado, ni ejercerá ningún tipo de autoridad política.

Nadie podrá ser obligado a participar en ningún tipo de actos, celebraciones, ritos o prácticas de carácter religioso.

ARTÍCULO 21. Se garantiza las libertades de reunión y asociación, así como la libertad de palabra, de prensa y de cualquier otra forma de expresión.

No existirá censura, ni podrá violarse el secreto de cualquier medio de comunicación.

ARTÍCULO 22. Toda persona gozará de libertad para elegir y cambiar de residencia y para escoger su profesión, en la medida que ello no se oponga al bienestar general.

La libertad de todas las personas a trasladarse a un país extranjero y a cambiar de nacionalidad será inviolable.

ARTÍCULO 23. Se garantiza la libertad de enseñanza.

ARTÍCULO 24. El matrimonio se basará únicamente en el consentimiento mutuo de los cónyuges de ambos sexos, y se mantendrá gracias a la cooperación mutua de marido y mujer, con derechos iguales para ambos.

En lo que respecta a la elección del cónyuge, los derechos de propiedad, a la herencia, a la elección de domicilio, al divorcio y demás materias relativas al matrimonio y a la familia, las leyes que se promulguen se basarán en la dignidad del individuo y en la esencial igualdad entre los sexos.

ARTÍCULO 25. Todas las personas tendrán derecho a vivir en unas condiciones dignas de salud e instrucción. En todos los órdenes de la vida, el estado pondrá todo su empeño en promover y difundir el bienestar social y la seguridad, así como la sanidad pública.

ARTÍCULO 26. Existirá igualdad de enseñanza para todas las personas conforme a sus aptitudes, en la forma dispuesta por la ley.

Toda persona que tenga niños o niñas bajo su protección, estará obligada a procurar que reciban la enseñanza común que se determine en la ley. Esta enseñanza obligatoria será gratuita.

ARTÍCILO 27. Toda persona tendrá el derecho y la obligación de trabajar. Las normas sobre retribución, horario laboral, descansos y otras condiciones de trabajo serán fijadas por la ley.

Los niños no podrán ser objeto de explotación laboral.

ARTÍCULO 28. Se garantiza el derecho a los trabajadores a asociarse y a negociar y actuar de manera colectiva.

ARTÍCULO 29. El derecho de propiedad es inviolable.

El derecho de propiedad será regulado por la ley, de conformidad con las exigencias del bienestar general.

ARTÍCULO 30. Las personas estarán sujetas al pago de los impuestos que determine la ley.

ARTÍCULO 31. No podrá privarse de la vida o de la libertada ninguna persona ni imponérsele ninguna otra pena a no ser con arreglo a los procedimientos establecidos en la ley.

ARTÍCULO 32. A nadie se le podrá negar el derecho a acceso a los tribunales de justicia.

ARTÍCULO 33. No podrá prenderse a ninguna persona salvo en virtud de auto u orden dictada por la autoridad judicial competente, en la que deberá expresarse el delito del que se acuse, a no ser que se le sorprenda en flagrante delito.

ARTÍCULO 34. No podrá detenerse a ninguna persona sin informarle inmediatamente los cargos que pesan contra ella o sin la asistencia inmediata de un abogado; nadie podrá ser detenido sin causa suficiente; y, a solicitud de cualquier persona, tal causa deberá exponerse inmediatamente en el tribunal público, en su presencia y en la de su abogado.

ARTÍCULO 35. El derecho de toda persona a la seguridad de su domicilio, de sus documentos, y de sus efectos personales frente a toda entrada, registro o aprehensión por parte de la autoridad, no podrá ser quebrantado salvo mediante orden dictada por causa justificada y en la que expresamente se detalle el lugar objeto de registro y los objetos que hayan de aprehenderse o en virtud de lo previsto en el artículo 33.

Para cada registro o incautación serán precisas sendas órdenes de la autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 36. Se prohibe terminantemente la aplicación de torturas o castigos crueles por cualquier autoridad o funcionario público.

ARTÍCULO 37. En todas las causas criminales, el acusado tendrá derecho a un juicio rápido y público ante un tribunal imparcial.

ARTÍCULO 38. Ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma.

No se admitirá como prueba la confesión obtenida mediante coacción, tortura o amenazas o después de una detención prolongada.

Ninguna persona será declarada penalmente culpable o condenada cuando la única prueba en contra de ella sea su propia confesión.

ARTÍCULO 39. Ninguna persona será declarada penalmente responsable de un acto que fuera lícito en el momento de su realización, o del que hubiera sido declarado inocente, ni podrá ser procesada dos veces por el mismo hecho.

ARTÍCULO 40. Cualquier persona que sea absuelta después de haber estado detenida podrá reclamar judicialmente al estado la indemnización del perjuicio sufrido conforme a lo establecido por la ley.

ARTÍCULO 41. La Dieta constituirá el máximo órgano del poder político, y será la única institución legisladora del estado.

ARTÍCULO 42. La Dieta estará formada por dos Cámaras, a saber: la Cámara de Representantes y la Cámara de los Consejeros.

ARTÍCULO 43. Los miembros de las dos Cámaras lo serán por elección, como representantes de todo el pueblo. El número de miembros de cada Cámara se fijará por ley.

ARTÍCULO 44. Los requisitos para poder elegir o ser elegido miembro de una de las Cámaras serán regulados por la ley. No obstante, no podrá existir discriminación alguna por razón de raza, creencia religiosa, sexo, posición social, origen familiar, educación, patrimonio o ingresos.

ARTÍCULO 45. El mandato de los miembros de la Cámara de los Representantes será por cuatro años. No obstante, dicho mandato podrá interrumpirse antes de cumplirse ese plazo en el caso de disolución de la Cámara de los Representantes.

ARTÍCULO 46. El mandato de los miembros de la Cámara de los Consejeros tendrá una duración de seis años, cada tres años se renovará por elección de la mitad de la Cámara.

ARTÍCULO 47. Los distritos electorales, el sistema de votación, y demás cuestiones relativas a la forma de elección de los miembros de las dos cámaras, serán fijados por ley.

ARTÍCULO 48. Ninguna persona podrá ser miembro de ambas Cámaras simultáneamente.

ARTÍCULO 49. Los miembros de las dos Cámaras recibirán una retribución anual adecuada con cargo al Tesoro de conformidad a la ley.

ARTÍCULO 50. Salvo en los casos previstos por la ley, los miembros de las dos Cámaras no podrán ser detenidos durante el período de sesiones de la Dieta, y cualquier miembro que haya sido detenido antes de la apertura de este período será liberado, a petición de la Cámara, mientras dure el mismo.

ARTÍCULO 51. Los miembros de las dos Cámaras no serán responsables, fuera de las mismas, por las intervenciones, debates o votaciones celebradas en el interior de aquellas.

ARTÍCULO 52. El período de sesiones ordinario de la Dieta será convocado una vez al año.

ARTÍCULO 53. El Consejo de Ministros podrá decidir la convocatoria de períodos extraordinarios se sesiones de la Dieta. Cuando la cuarta parte o más de todos los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite, el Consejo de Ministros deberá pronunciase sobre su convocatoria.

ARTÍCULO 54. Cuando se disuelva la cámara de los Representantes, dentro de los (40) cuarenta días siguientes a su disolución deberán celebrarse elecciones generales para la misma, y la Dieta deberá ser convocada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de las elecciones.

Al disolverse la Cámara de los representantes, se interrumpirá al mismo tiempo las actividades de la Cámara de los consejeros. No obstante, en momentos de emergencia nacional el Consejo de Ministros podrá convocar, en sesión de urgencia a la cámara de los consejeros.

Las medidas adoptadas en la sesión a que refiere el párrafo anterior tendrán carácter provisional, y serán declaradas nulas e inválidas salvo cuando sean ratificadas por la cámara de Representantes en un plazo de (10) diez días siguientes a la apertura del nuevo período de sesiones de la Dieta.

ARTÍCULO 55. Cada una de las Cámaras resolverá los conflictos relativos a la elección de sus miembros. No obstante, para denegar el escaño a algún miembro, será necesario que la resolución en tal sentido sea aprobada por una mayoría de dos tercios o más de los miembros presentes.

ARTÍCULO 56. No podrán reunirse válidamente ninguna de las cámaras si no está presente al menos un tercio o más de todos sus miembros.

Todas las cuestiones serán decididas, en ambas Cámaras, por mayoría de los miembros presentes, salvo en los casos en que se disponga otra cosa en la Constitución; en caso de empate, el miembro que la presida gozará de voto de calidad.

ARTÍCULO 57. Las deliberaciones de ambas Cámaras serán públicas: no obstante, podrán celebrarse sesiones secretas cuando una mayoría de dos tercios o más de los miembros presentes pruebe una resolución en tal sentido.

Cada Cámara llevará un diario de sesiones. Este diario se publicará y tendrá una distribución general, salvo en lo relativo a las actas de sesiones secretas que se considere necesario no divulgar.

A solicitud de una quinta parte o más de los miembros presentes, se registrarán en las actas los resultados de la votaciones sobre cualquier cuestión.

ARTÍCULO 58. Cada Cámara elegirá a su presidente y demás componentes de la mesa.

Cada Cámara redactará su propio reglamento en lo relativo a las sesiones, procedimientos y disciplina interna, y podrá imponer sanciones a los miembros que observen conducta desordenada. No obstante, para proceder a la expulsión de un miembro, será necesario una resolución aprobada por una mayoría de dos tercios o más de los miembros presentes.

ARTÍCULO 59. Un proyecto de ley, cuando es aprobado por ambas cámaras, se convierte en ley, salvo en los casos de excepción previstos por la constitución. Cuando un proyecto aprobado por la Cámara de Representantes es rechazado por la de los Consejeros, se convertirá en ley si aquélla insiste con una mayoría de por lo menos dos tercios de los miembros presentes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá que la Cámara de los Representantes convoque la reunión de una comisión mixta de ambas Cámaras, en la forma establecida por la ley.

Si la cámara de los Consejeros no adopta una decisión definitiva dentro de los sesenta (60) días siguientes, excluidas las vacaciones parlamentarias, al envío de un proyecto de ley aprobado por la cámara de los Representantes, esta podrá considerar que tal proyecto de ley ha sido rechazado por la Cámara de los Consejeros.

ARTÍCULO 60. El presupuesto deberá ser sometido en primer lugar a la aprobación de la Cámara de los Representantes.

En el debate del presupuesto, cuando la Cámara de los consejeros adopte una decisión diferente a la de la cámara de los Representantes y no pueda llegarse a un Acuerdo ni siquiera mediante una comisión mixta de ambas Cámaras, según lo previsto por la ley, o en le caso de que la Cámara de los Consejeros no adopte una decisión definitiva dentro de los treinta (30) días siguientes, excluidas las vacaciones parlamentarias, al envío del presupuesto aprobado por la Cámara de los Representantes, se considera como decisión en la dieta la adoptada por la Cámara de Representantes.

ARTÍCULO 61. El párrafo segundo del artículo anterior será también de aplicación a la aprobación de la Dieta requerida para la celebración de tratados internacionales.

ARTÍCULO 62. Ambas cámaras podrán efectuar investigaciones en relación a los actos de Gobierno, y podrán exigir la presencia y declaración de testigos, así como la exhibición de pruebas documentales.

ARTÍCULO 63. El Primer Ministro y demás Ministros de estado podrán comparecer en cualquier momento ante ambas Cámaras, con objeto de efectuar declaraciones sobre proyectos de ley, sean o no miembros de la Cámara. Estarán obligados a comparecer cuando se exija su presencia para responder a preguntas o dar explicaciones.

ARTÍCULO 64. La dieta constituirá un tribunal especial formado por miembros de ambas Cámaras, con objeto de encauzar a los jueces sometidos a algún procedimiento de separación de funciones. Las cuestiones relativas a la separación de los jueces serán reguladas por la ley.

ARTÍCULO 65. El poder ejecutivo será ejercido por el consejo de ministros.

ARTÍCULO 66. El Consejo de ministros estará constituido por un Primer Ministro, que será su jefe, y otros Ministros de Estado, en la forma que dispone la ley.

El Primer Ministro y los demás Ministros de Estado deberán ser civiles.

El Consejo de Ministros, en el ejercicio del poder ejecutivo, será responsable colectivamente ante la Dieta.

ARTÍCULO 67. El Primer Ministro será designado de entre los miembros de la Dieta, mediante resolución de la misma. Esta designación tendrá prioridad sobre los demás asuntos.

Si la Cámara de los Representantes y la Cámara de los consejeros discrepan, y no pueden alcanzarse un acuerdo ni siquiera mediante una comisión mixta de ambas Cámaras, en la forma prevista por la ley, o si la Cámara de los Consejeros no ratifica la designación dentro de los diez (10) días siguientes, excluidas las vacaciones parlamentarias, a la designación efectuada por la Cámara de los Representantes, la decisión se ésta última será la de la Dieta.

ARTÍCULO 68. El Primer Ministro nombrara a los Ministros de Estado. No obstante, la mayoría de ellos habrán de ser elegidos de entre los miembros de la Dieta.

ARTÍCULO 69. Si la Cámara de Representantes aprueba una moción de censura, o rechaza una moción de confianza, el Consejo de Ministros deberá dimitir en bloque, salvo cuando la cámara de los Representantes sea disuelta en el plazo de diez (10) días.

ARTÍCULO 70. Cuando esté vacante el cargo de Primer Ministro, o en el momento de la primera convocatoria de la Dieta después de las elecciones generales a miembros de la Cámara de los Representantes, el Consejo de Ministros deberá dimitir en bloque.

ARTÍCULO 71. En los casos mencionados en los dos artículos precedentes, el Consejo de Ministros continuará en funciones hasta el nombramiento del nuevo Primer Ministro.

ARTÍCULO 72. EL Primer Ministro, en representación del Consejo de Ministros, presentará los proyectos de ley, informará a la Dieta sobre asuntos nacionales de interés general y sobre relaciones exteriores, y ejercerá el control y la supervisión sobre los distintos departamentos de la Administración.

ARTÍCULO 73. El consejo de Ministros, además de las demás funciones administrativas generales, ejercerá las siguientes funciones:

• La aplicación fiel y exacta de la ley; la conducción de los asuntos de Estado.
• La gestión de las relaciones exteriores.
• La celebración de tratados. No obstante, deberá obtener con anterioridad o posterioridad, según las circunstancias, la aprobación de la Dieta.
• La gestión de la función pública, de conformidad con las normas establecidas por la ley.
• La preparación del presupuesto y su presentación a la Dieta.
• La promulgación de órdenes ministeriales para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente constitución y en las leyes. No obstante, dichas órdenes ministeriales no podrán incluir disposiciones de carácter penal, salvo que así lo autorice la ley.
• La adopción de decisiones en materia en materia de amnistías generales o particulares, conmutación de penas, suspensión de ejecuciones y rehabilitación de derechos.

ARTÍCULO 76. El poder judicial en su integridad reside en el Tribunal supremo y los tribunales inferiores establecidos por la ley.

No podrá constituirse ningún tribunal de excepción ni se investirá de autoridad judicial inapelable a ningún órgano o departamento del poder ejecutivo.

Todos los jueces gozarán de independencia para decidir con arreglo a su conciencia. Estarán únicamente obligados por la presente constitución y las leyes.

ARTÍCULO 77. El tribunal supremo ejercerá el poder reglamentario para determinar las normas de procedimiento y práctica judicial, así como las cuestiones relativas a los abogados, a la disciplina interna de los tribunales y a la administración de los asuntos judiciales.

El ministerio fiscal estará sometido al poder reglamentario del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo podrá delegar en los tribunales inferiores su poder reglamentario sobre ellos.

ARTÍCULO 78. Los jueces no podrán se separados de sus funciones más que en virtud del procedimiento público, a no ser que mediante declaración judicial de incapacidad física o mental para el ejercicio de esas funciones oficiales. Los órganos o departamentos del poder ejecutivo no podrán adoptar medidas disciplinarias contra los jueces.

ARTÍCULO 79. El Tribunal Supremo estará formado por un presidente y el número de magistrados que determine la ley; todos estos magistrados, con la excepción del presidente, serán nombrados por el Consejo de Ministros.

El nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo será ratificado por los electores en las primeras elecciones generales a miembros de la Cámara de los Representantes que se celebren después de su nombramiento, y será ratificado de nuevo en las primeras elecciones generales a miembros de la Cámara de los Representantes que se celebren transcurrido un plazo de diez (10) años y así sucesivamente.

En los casos mencionados en el párrafo anterior, cuando la mayoría de los votantes se pronuncie a favor de la destitución de un magistrado, éste deberá ser separado de sus funciones.

Las cuestiones relativas a la ratificación de los magistrados serán reguladas por la ley.

Todos esos magistrados percibirán, a los intervalos regulares prescritos, una retribución suficiente que no podrá reducirse durante su mandato.

ARTÍCULO 80. Los jueces de los tribunales inferiores serán nombrados por el Consejo de Ministros, de entre una lista de personas propuestas por el Tribunal Supremo. Todos estos jueces permanecerán en su cargo por un plazo de diez (10) años, con derecho a reelección, aunque habrán de jubilarse al alcanzar la edad que determine la ley.

Los jueces de los Tribunales inferiores percibirán, a intervalos regulares prescritos, una retribución suficiente que no podrá reducirse mientras permanezca en el cargo.

ARTÍCULO 81. El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia, con facultades para decidir sobre la inconstitucionalidad de cualquier ley, orden, reglamento o acto oficial.

ARTÍCULO 82. Los juicios y las sentencias se celebrarán y dictarán públicamente.

Cuando un tribunal decida que la publicidad puede ser perjudicial para el orden o la moral pública, el juicio podrá celebrarse a puerta cerrada, pero los procesos sobre delitos de carácter político, en materia de prensa o las causas relativas a los derechos de las personas garantizados en el Capítulo III de la presente constitución, habrán de celebrarse siempre con carácter público.

ARTÍCULO 83. El poder para administrar la hacienda Pública se ejercerá de la forma que determine la Dieta.

ARTÍCULO 84. No se crearán nuevos impuestos ni se modificarán los existentes salvo mediante ley o con arreglo a las condiciones que se determine en ella.

ARTÍCULO 85. No se efectuará gasto alguno, ni el Estado podrá contraer ninguna obligación salvo en la forma autorizada por la Dieta.

ARTÍCULO 86. El Consejo de Ministros preparará y presentará a la Dieta para su aprobación un presupuesto para cada ejercicio económico anual.

ARTÍCULO 87. Con objeto de cubrir algún posible déficit presupuestario, la Dieta podrá autorizar la constitución de un fondo de reserva al que podrá recurrirse bajo responsabilidad del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros deberá obtener la posterior aprobación de la Dieta para todos los pagos realizados con cargo al fondo de reserva.

ARTÍCULO 88. Todo patrimonio de la Casa Imperial pertenecerá al Estado: Todos los gastos de la Casa Imperial serán objeto de la oportuna asignación presupuestaria, por parte de la Dieta.

ARTÍCULO 89. No se gastará o asignará ninguna cantidad en dinero u otro tipo de bienes públicos para el uso, beneficio o mantenimiento de instituciones o asociaciones religiosas, ni para entidades caritativas, educativas o benéficas que no se hallen bajo el poder de los poderes públicos.

ARTÍCULO 90. Las cuentas definitivas de los gastos e ingresos del Estado serán objeto de una censura contable anual, realizada por el consejo Auditor y serán presentadas por el consejo de Ministros a la Dieta, junto con el informe de esa censura de cuentas, durante el ejercicio económico inmediatamente posterior al período examinado.

La organización y competencias del consejo Audito serán determinadas por la ley.

ARTÍCULO 91. A intervalos regulares y, como mínimo, una vez al año, el consejo de Ministros informará a la Dieta y al pueblo sobre la situación de la Hacienda Pública.

ARTÍCULO 92. Las normas sobre organización y actividades de las entidades públicas locales serán fijadas por ley, de conformidad con el principio de autonomía local.

ARTÍCULO 93. Las entidades públicas locales constituirán asambleas que serán sus órganos deliberantes, de conformidad con la ley.

Los principales cargos ejecutivos de todas las entidades públicas locales, así como sus asambleas, y aquellos otros cargos locales que la ley determine, serán previstos por elección mediante sufragio popular directo dentro de sus respectivas comunidades.

ARTÍCULO 94. Las entidades públicas locales tendrán derecho a administrar su patrimonio y sus asuntos, y a promulgar sus propias normas dentro de los límites marcados por la ley.

ARTÍCULO 95. Las leyes especiales, aplicables únicamente a una entidad pública local, no podrán ser promulgadas por la Dieta sin el consentimiento de la mayoría de los votantes de tal entidad, obtenido de conformidad con lo dispuesto por la ley.

Artículo 96. Las enmiendas a la presente Constitución será iniciativa de la Dieta, mediante una mayoría de dos tercios o más de todos los miembros de cada Cámara, y deberán ser sometidas a la ratificación popular, lo que exigirá el voto afirmativo de la mayoría de los sufragios expresados, mediante un referéndum especial o en las elecciones que la Dieta determine.

Las enmiendas así ratificadas serán inmediatamente promulgadas por el Emperador en nombre del pueblo, y formarán parte integrante de la presente Constitución.

ARTÍCULO 97. Los derechos humanos fundamentalmente garantizados al pueblo del Japón por la presente constitución, constituyen el fruto de la lucha secular del hombre por su libertad; han superado a muchas duras pruebas de permanencia y se confieren en depósito a la presente generación y a las generaciones futuras, para que los conserven inviolados por siempre jamas.

ARTÍCULO 98. La presente constitución será la norma suprema de la nación; no tendrá fuerza ni validez legal ninguna ley, ordenanza, decreto imperial o acto de gobierno que la contradiga en todo en otra parte.

ARTÍCULO 99. El Emperador o Regente, así como los Ministros de estado, los miembros de la Dieta, los jueces y todos los demás titulares de funciones y cargos públicos, tendrán la obligación de respetar y defender la presente Constitución.

ARTÍCULO 100. La presente constitución entrará en vigor el día en que se cumplan los seis meses desde la fecha de su promulgación.

Antes de la fecha señalada en el párrafo anterior podrá procederse a la promulgación de las leyes necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Constitución, la elección de los miembros de la Cámara de los Consejeros y el procedimiento para la convocatoria de la Dieta, así como todas las medidas y procedimientos preparatorios para la entrada en vigor de la presente Constitución.

ARTÍCULO 101. Si la Cámara de los Consejeros no se halla constituida antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución, la Cámara de los Representantes funcionará como Dieta hasta que proceda a dicha Constitución.

ARTÍCULO 102. El mandato de la mitad de los miembros de la Cámara de los Consejeros durante la primera legislatura de esta con arreglo a la presente Constitución será de tres años. La ley se encargará de determinar cuáles de esos miembros entrarán en esta categoría.

ARTÍCULO 103. Los Ministros de Estado, los miembros de la cámara de los Representantes y autoridades judiciales que desempeñen esas funciones en la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución, así como todos los demás titulares de funciones y cargos públicos que ocupen puestos reconocidos en las disposiciones de la misma, no perderán automáticamente sus puestos por razón de la entrada en vigor de la presente Constitución, salvo que la ley disponga otra cosa. No obstante, cuando sean elegidos o nombrados sus sucesores de conformidad con lo dispuesto en la presente Constitución deberán abandonar, naturalmente, sus puestos.

Fecha de Promulgación: 3 de noviembre de 1946.

Fecha de entrada en vigor: 3 de mayo de 1947.